El 4 de septiembre del año 2002 fue promulgada la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales. El Reglamento de aplicación fue aprobado mediante decreto 335-03 del 8 de abril del año 2003. Esta legislación procura adaptar el marco legal del País a los nuevos esquemas y permitirle beneficiarse de las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías digitales para la promoción de la actividad económica y la realización de transacciones comerciales en el plano global. De manera más específica, sus objetivos son los siguientes:
Facilitar el comercio electrónico entre y dentro de las naciones.
Validar transacciones entre partes que se hayan realizado por medio de las tecnologías de información.
Incentivar y apoyar el desarrollo de iniciativas tecnológicas vinculadas con el comercio electrónico, promover la utilización de estos servicios y difundir su uso entre la población.
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